En su Disposición Final Segunda, determina que los recursos destinados al cumplimiento de la Ley 348 “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” y que no fueron ejecutados, no podrán ser reasignados a otros fines y deben reprogramarse para la siguiente gestión con los mismos objetivos.

En su artículo 58 determina que no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, salvo en los supuestos establecidos en la mencionada Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.